862 militares, no máximos responsables de ‘falsos positivos’ en Antioquia

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP remitió 862 antiguos integrantes de seis batallones de la IV Brigada del Ejército Nacional, sus expedientes y solicitudes, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Esta última deberá resolver de manera definitiva, y no sancionatoria, la situación jurídica de cada compareciente, garantizando su contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, mientras facilita la reintegración de los antiguos militares a la vida civil, tal como lo establece el Acuerdo Final de Paz.

La decisión se tomó en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate. La magistratura determinó que estos 862 comparecientes no fueron los máximos responsables de la puesta en marcha ni de la consolidación de la política de facto de “conteo de cuerpos”, que dejó al menos 581 víctimas documentadas en ese departamento entre 2002 y 2007.

Tampoco fueron partícipes determinantes en la comisión de estos delitos, calificados por la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por estos mismos hechos ya fueron imputados 48 militares y dos civiles. De ellos, seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados y dos civiles reconocieron por escrito su responsabilidad y se preparan para hacerlo públicamente ante las víctimas y el país.

Hasta ahora, 2.799 antiguos militares que participaron en estos crímenes, pero que no fueron seleccionados como máximos responsables en los territorios críticos del Caso 03, han sido remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

¿Cómo se selecciona a los no máximos responsables?

Los 862 comparecientes pertenecieron a seis unidades adscritas a la IV Brigada del Ejército Nacional: el Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez” (BAJES), el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 “Juan del Corral” (GMJCO), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), el Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrío” (BIPEB), el Batallón de Infantería No. 10 “Coronel Atanasio Girardot” (BIGIR) y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina” (BIOSP).

A partir del proceso de contrastación judicial, la JEP identificó a 50 máximos responsables que lideraron la política de facto del “conteo de cuerpos” en Antioquia. Esta política se ejecutó mediante tres modalidades macrocriminales, aun cuando se conocían los riesgos comprobados que representaba para la población civil.

Paralelo a las imputaciones, la magistratura concluyó en este subcaso que 862 comparecientes no tuvieron una participación determinante en los hechos: pertenecían a los rangos más bajos de la estructura jerárquica o, aun teniendo mando, no contribuyeron de manera esencial a la configuración, consolidación o encubrimiento del patrón macrocriminal.

En su mayoría, se trata de soldados y suboficiales que no tuvieron un papel determinante en la comisión de los crímenes investigados: no ejercían mando ni control sobre las unidades responsables, no contaban con la confianza de los máximos responsables y, en muchos casos, cumplían únicamente funciones logísticas o administrativas.

En cuanto a los oficiales, no intervinieron de manera decisiva en la planeación, ejecución o encubrimiento de los crímenes. Y, respecto a algunos integrantes del Estado Mayor de la IV Brigada, no ejercieron posiciones de liderazgo con capacidad de control sobre los hechos y, en algunos casos, ni siquiera tenían mando sobre las tropas implicadas. Su papel fue marginal y reemplazable dentro de lo ocurrido.

Los comparecientes de la fuerza pública vinculados al Subcaso Antioquia del Caso 03 que no fueron señalados como máximos responsables, aunque sí relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad, podrán resolver su situación jurídica de manera definitiva en la JEP, tal como se estableció en el Acuerdo Final de Paz.

Como parte de sus compromisos, deben contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas. Si no cumplen con esta condición, podría remitirlos a la Unidad de Investigación y Acusación.

¿Qué halló la JEP en Antioquia?

En Antioquia se implementó una política de facto de “conteo de cuerpos” que consistió en reportar la mayor cantidad posible de supuestas bajas “en combate”. Los muertos se convirtieron en el único indicador real del éxito militar, mientras que las capturas fueron desestimadas, consideradas resultados problemáticos que no aportaban a la victoria.

Para alcanzar ese objetivo se ejercieron presiones y amenazas a las tropas, y se ofrecieron premios e incentivos a quienes reportaran más muertes. Esta situación generó una competencia feroz por inflar las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar, ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente.

La investigación de la JEP permitió que los comparecientes reconocieran delitos que hasta entonces nunca habían sido investigados y señaló como responsables a altos mandos que no habían sido judicializados.

Como resultado de esta labor, hoy el país sabe que solo este departamento concentró el 25,19 % de todas las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el país. La IV Brigada fue responsable del 73% de esas muertes en Antioquia entre los años 2000 y 2013.

Los 42 máximos responsables del Subcaso Antioquia que reconocieron su responsabilidad por escrito se preparan ahora para la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, un paso clave en la búsqueda de justicia por los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto armado.