Exintegrantes de los bloques Calima y Bananero son condenados

Entre los eventos delictivos que motivaron las dos sentencias conocidas están las masacres de Piedritas y Chorreras, casos de violencia de género, reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado, ocurridos entre 1994 y 2004.

En atención a las pruebas y argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), por 345 hechos delictivos perpetrados principalmente en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío.

Entre los sentenciados en los dos fallos conocidos están Hebert Veloza García, alias HH; Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino; Dalson López Simanca, Janier Franco, Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias Robinson; Germán Enrique Pineda Cárdenas y Rover Enrique Oviedo Yanes.

Los postulados del Bloque Calima fueron los responsables, entre otras, de las masacres de
San Pedro, Chorreras, San Lorenzo y Piedritas. Esta última ocurrió en zona rural de Tuluá, en septiembre de 1999, cuando hombres armados incursionaron en varias veredas del corregimiento San Rafael, causaron la muerte a 13 pobladores, ocasionaron un desplazamiento masivo y ejercieron violencia de género sobre dos mujeres que fueron torturadas y sometidas a tratos crueles antes de ser asesinadas.

Otra de las condenas indica que los exintegrantes del Bloque Bananero participaron en la masacre de Acandí (Chocó), ocurrida el 3 de noviembre de 1995, la cual dejó como resultado, al menos, seis personas muertas, secuestros, actos de tortura y el desplazamiento forzado
de más 30 familias.

De igual manera, las decisiones emitidas por la Sala de Justicia y Paz también hacen
referencia al apoyo brindado por empresarios y algunos integrantes de la fuerza pública para la llegada y expansión de los bloques Calima y Bananero en determinadas zonas del país, y a la forma en la que se generó la destrucción del tejido social y zozobra en la población civil.

Asimismo, reconocieron los patrones de macro-criminalidad presentados por la Fiscalía, como fueron los de homicidio, desaparición forzada, violencia basada en género, reclutamiento y desplazamiento forzado.

Los postulados fueron condenados a penas ordinarias de entre 480 y 240 meses de prisión, y se les concedieron penas alternativas de ocho años, de acuerdo con lo establecido en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Adicionalmente, deberán pagar multas que van desde los 9.000 hasta los 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.