Un hombre y una mujer harían parte de una organización delincuencial internacional

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a María Belsir Cubillos Durán y a Carlos Arturo Ortiz Álvarez, presuntos responsables de la desaparición de una pareja de ciudadanos franceses en hechos ocurridos en septiembre de 2019, en zona rural de la comuna de Vanxains, en Dordoña (Francia).
Los hoy procesados habrían sido las últimas personas que tuvieron contacto con las víctimas en una finca agrícola. Adicionalmente, son señalados de apoderarse de un computador portátil, tarjetas bancarias y comprar joyas, electrodomésticos y ropa de marca, que superan en valor los 15.000 euros.
Las evidencias recopiladas por las autoridades francesas y la información obtenida en Colombia dan cuenta de que Cubillos Durán y Ortiz Álvarez serían integrantes de una red delincuencial trasnacional dedicada al hurto en diferentes modalidades en Francia, España y otros países.
Por todo lo anterior fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin de la Policía Nacional en el barrio El Carmen de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. En el procedimiento fueron incautados teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, tarjetas bancarias, documentos de identidad extranjeros, equipos informáticos y elementos que serán analizados en el curso de la investigación.
Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado. Asimismo, solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra, petición a la que accedió el juez de control de garantías.
El proceso de judicialización se realizó en Colombia en atención a los protocolos de cooperación judicial internacional que contempla la Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) y ante la ausencia de un tratado de extradición con Francia.
En ese sentido, hubo intercambio de información y material probatorio entre la Fiscalía y las autoridades del país europeo para lograr la identificación y ubicación de los presuntos involucrados en la desaparición de los ciudadanos franceses.


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