Aldemar Alfaro demanda la tasa de seguridad que se cobrará en Sucre
El abogado Aldemar Alfaro presentó ante el Tribunal Administrativo de Sucre una demanda contra las ordenanzas que crearon y modificaron la tasa de seguridad, cobro que afectará a hogares, comerciantes y empresarios a través de la factura de energía en Sucre. También solicitó la suspensión provisional de las normas mientras la justicia estudia si fueron aprobadas respetando la Constitución y las reglas tributarias.
“No estoy demandando la seguridad. Estoy defendiendo a la gente de un cobro que consideramos mal estructurado y aprobado sin todas las garantías. Los sincelejanos no pueden seguir pagando la cuenta de decisiones que afectan su economía”, aseguró.
La preocupación es especialmente fuerte para el comercio. tiendas, restaurantes, talleres, peluquerías, ferreterías y pequeños negocios ya deben responder por impuestos, servicios públicos costosos, arriendos, nóminas y obligaciones laborales. A esto se suma la informalidad que reduce sus ventas y una realidad que muchos comerciantes padecen en silencio: la extorsión se ha convertido en el pan de cada día.
Ahora, mientras numerosos negocios luchan para mantener sus puertas abiertas y conservar empleos, aparece una nueva carga en la factura de energía. Aunque jurídicamente fue denominada tasa, para quien debe pagarla representa otro gasto que sale de la caja del negocio y termina afectando sus costos, sus trabajadores o el precio que paga el consumidor.
La demanda sostiene que las ordenanzas podrían desconocer el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 338 de la Constitución, al no definir con suficiente claridad el sistema, el método y la forma de reparto del cobro. También cuestiona el trámite adelantado en la Asamblea Departamental, la publicidad, la participación ciudadana, la sustentación técnica y las facultades entregadas al Gobierno departamental. NULIDAD SIMPLE ORDENANZA 047 – 2025- TASA DE SEGURIDAD SUCRE.
La tasa establece cargas para los estratos 4, 5 y 6 y para los sectores comercial e industrial, con recaudo a través de la factura de energía.
“El comercio necesita seguridad, pero también necesita respirar. No es justo exigirle más a quien ya paga impuestos, genera empleo y, además, debe enfrentar la extorsión y la inseguridad todos los días”, concluyó Alfaro.
La controversia queda ahora en manos del Tribunal Administrativo de Sucre
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