La investigación liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que
los abogados Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo Alfredo José Agámez Vanegas participaron en el reconocimiento ilegal de 198 ajustes pensionales, que generaron un detrimento patrimonial de 20.991 millones de pesos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduciaria La Previsora.
Del entramado criminal hicieron parte docentes que prestaron sus servicios en la Secretaría
de Educación de Córdoba, abogados, jueces y funcionarios.
Entre 2010 y 2011, los sentenciados acudieron a un juez de Planeta Rica (Córdoba) para que fallara a favor de sus representados y ordenara el pago de 64.925 millones de pesos en pensiones. Para garantizar el desembolso de los recursos, las decisiones judiciales dispusieron el embargo de las cuentas corrientes de la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional, una actuación contraria a la ley.
El material de prueba demostró que los dos abogados respaldaron las peticiones de los
profesores en retiro con poderes, firmas, resoluciones, certificaciones laborales y más 6.500
documentos falsos.
En ese sentido, Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo fueron condenados a 21 años y 8 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado y tentativa de peculado por apropiación agravado.
Además, deberán pagar una multa de 20.991 millones de pesos y cumplir la pena en centro carcelario.
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