La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a un grupo de funcionarios y particulares que se habrían concertado para apropiarse de recursos provenientes de regalías, los cuales estaban destinados para la pavimentación de vías terciarias en La Mojana sucreña.
Cinco personas fueron identificadas y presentadas ante un juez de control de garantías. Se trata del exalcalde de Majagual (Sucre), Álvaro Manuel Vanegas Cardozo; el exsecretario de Planeación municipal, Carlos Andrés Pérez Sotomayor; el exsecretario de Gobierno, Josimar Romero González; el contratista Javier Eugenio Mizger Pacheco, y el interventor Iván Daniel Díaz Ramos.
La investigación está relacionada con las fases contractual y de ejecución del contrato 019, suscrito en diciembre de 2013, cuyo valor ascendió a 15.481 millones pesos y tenía por objeto la adecuación de cuatro vías, durante 15 meses. Adicionalmente, se firmó un contrato de interventoría por 1.083 millones de pesos.
Entre las posibles inconsistencias detectadas, se estableció que los pliegos de condiciones fueron modificados para que se ajustaran a la experiencia, capacidad técnica y financiera del contratista, el señor Mizger Pacheco. Adicionalmente, para excluir la participación de más oferentes, se estableció una visita técnica, aspecto que vulnera los principios de transparencia y selección objetiva.
De otra parte, las pruebas técnicas a las obras evidenciaron que, presuntamente, se usaron materiales inadecuados y de baja calidad, que no cumplían con los requisitos dispuestos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Los estudios también establecieron que se habrían pagado actividades que no se realizaron y estaban sustentadas con áreas, volúmenes y cantidades de obra que no corresponden a la realidad.
En lo que respecta a la interventoría, se conoció que no hubo rigor técnico y se avaló un proyecto con evidentes fallas. Finalmente, las cuatro vías fueron recibidas a satisfacción por la administración municipal, sin advertir que algunas presentaban averías en los puntos intervenidos.
Estas actuaciones lícitas detectadas generaron un detrimento por 13.961 millones de pesos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los señalados involucrados, de acuerdo con su rol y posible participación, delitos como: peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, y falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados.
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