Desmantelada estructura criminal que operaba dentro y fuera de prisión

En las ultimas horas las autoridades lograron materializar tres órdenes de captura contra presuntos integrantes de una estructura criminal, por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos.

La imputación de cargos a otros 03 integrantes, quienes según las autoridades actualmente cumplen medida privativa de la libertad en el establecimiento carcelario La Vega, desde donde continuaban ejecutando actividades delictivas. También lograron la incautación de 03 teléfonos celulares empleados presuntamente para coordinar las actividades criminales.

Los capturados, de acuerdo a las autoridades con prontuario delictivo, realizaban extorsiones en coordinación con personas privadas de la libertad, exigiendo entre 1 a 5 millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad de las víctimas. De igual forma, cobraban cuotas ilegales para el ingreso a los patios, uso de pasillos, compra de celdas y derecho a la plancha (cama), entre otros.

Perfil criminal de los capturados

Eden Yelber Gil Robles, de 44 años de edad, alias ‘Jackson’, quien ostentaba el rol criminal como primer cabecilla del GDCO, registra 24 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, hurto calificado, inasistencia alimentaria, hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir, lesiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y Receptación.

Walter Manuel Flórez Márquez, 40 años de edad, quien ostentaba el rol criminal como segundo cabecilla del GDCO, registra 07 anotaciones judiciales por los delitos de
concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Maribel Arrieta Pineda, de 29 años de edad, quien sería la encargada de la parte financiera de esta estructura criminal, registra 03 anotaciones judiciales por los delitos de
concierto para delinquir y homicidio.

Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los delitos que se les sindican, mientras que, un Juez de la República definirá su situación jurídica.