El Estado recupera bienes del narcotráfico en Sucre

En desarrollo de las actividades investigativas dirigidas a contrarrestar las redes y finanzas criminales, la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, logró la ocupación y notificación de medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre diez (10) bienes inmuebles ubicados en diferentes municipios del departamento de Sucre, los cuales eran presuntamente utilizados para el expendio de sustancias estupefacientes.

Las diligencias judiciales se realizaron en los siguientes lugares:

-Finca Villa Sofía, en el municipio de Morroa.
-Dos inmuebles en el municipio de Ovejas, localizados en los barrios Villa Paz y Sagrado Corazón de Jesús.
-Un inmueble en el municipio de San Pedro, ubicado en el barrio La Candelaria.
-Seis inmuebles en el municipio de Sincelejo, distribuidos en los barrios La Trinidad, Carrizal, Pioneros y Porvenir.

Estos bienes, avaluados en aproximadamente $1.510.000.000 (Mil quinientos diez millones de pesos), eran empleados por sus moradores y propietarios como centros de almacenamiento y comercialización de estupefacientes, configurándose así la causal 5 de la Ley 1708 de 2014, al ser utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con esta acción judicial se afectan de manera directa las finanzas criminales de un Grupo de Delincuencia Común Organizada al servicio del GAO ‘Clan del Golfo’, que monopolizaba la venta y distribución de sustancias ilícitas en estos municipios.

La acción de Extinción de Dominio se enmarca dentro de la estrategia institucional de reducción de los puntos de expendio, los cuales históricamente han sido focos de delincuencia organizada y escenarios de comportamientos contrarios a la convivencia. De esta forma, se contribuye a mejorar la seguridad ciudadana y a la recuperación de activos para su inversión social, generando oportunidades y espacios de desarrollo en beneficio de las comunidades sucreñas.

Los bienes ocupados fueron dejados bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que, junto al depositario designado, acompañó la diligencia de ocupación.