La Contraloría General de la Nación hace llamado para un manejo fiscal responsable y realista que garantice las finanzas públicas

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó ante la Comisión Legal de Cuentas los resultados de cuatro informes de ley correspondientes a la vigencia 2024: el Informe de la Auditoría del Balance General de la Nación, el Informe de la Auditoría del Balance de la Hacienda Pública, el Informe de la Cuenta General del Presupuesto y el de la Situación de la Deuda Pública.

En su presentación ante el Congreso de la República, el Contralor advirtió que, si bien a julio de 2025 hay un incremento en el recaudo tributario con respecto a la vigencia anterior, preocupa que se ubique un 5.3% debajo de la meta establecida para este mes y que no se cumplan las metas anuales, tal como sucedió en el 2024.

Además se presentaron altos niveles de reservas presupuestales en el 2024 que sumaron $61,73 billones, que deben ser cubiertas con los ingresos de 2025.

Frente a la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, el Contralor indicó que se proyecta un déficit equivalente al 7,1 % del PIB ($129,6 billones) para 2025 y al 6,2 % ($119,6 billones) para 2026. Esto sin dejar de lado que el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 está supeditado a una ley de financiamiento por $26,3 billones.

Contraloría General reitera advertencia sobre el riesgo que generaría una eventual reprogramación y utilización para otros fines, de los recursos de vigencias futuras de proyectos concesionados viales 4G y 5G

Si se llegare a materializar el riesgo de modificar unilateralmente los perfiles de vigencias futuras pactados en los contratos de concesión y además utilizar estos recursos para otros fines, la ANI y la Nación tendrían que pagar intereses remuneratorios, de mora y podrían incurrir en eventuales incumplimientos contractuales con las consiguientes demandas en su contra.

Se reitera que los contratos de concesión vial vigentes, no tienen previsto condicionar el aporte de las vigencias futuras pactadas, al estado del proyecto o del contrato de concesión; tampoco tendría soporte legal ni contractual el no hacer los aportes de las vigencias futuras, cuando la Nación o la ANI consideren que el contrato de concesión no avanza conforme a lo previsto.

A esto se sumarían las consecuencias de orden fiscal, disciplinario y/o penal que podrían darse y el riesgo de parálisis de ejecución de las obras.